Promover la alfabetización mediática es ya una obligación legal en España para los poderes públicos y los medios audiovisuales
El día 1 de Abril de 2010, el Boletín Oficial del Estado de España publicó la Ley General de la Comunicación Audiovisual (7/2010).
Por primera vez en España, la ley establece que "los poderes públicos y los prestadores del servicio de comunicación audiovisual deben contribuir a la alfabetización mediática de los ciudadanos" (artículo 6, apartado 4). Pero, además fija los procedimientos y mecanismos por los cuales, esta promoción puede desarrollarse y valorarse. Para ello, el artículo 47 -que establece las funciones del nuevo Consejo Estatal de Medios (CEMA)-, fija, en su apartado 0, que una de ellas es, precisamente, "velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la ciudadanía". Más adelante, especifica que para llevar a cabo esa tarea, el mismo Consejo elaborará "un informe anual sobre el nivel de alfabetización mediática, siguiendo los indicadores de medición utilizados por la Comisión Europea u otros indicadores que el propio Consejo Estatal de Medios Audiovisuales pueda considerar de interés". (Apartado f).
UN NUEVO MARCO DE ACTUACIÓN
Con las citadas resoluciones la Ley General del Audiovisual establece un nuevo marco para la promoción de la alfabetización mediática. De un lado, señala que es obligación de los poderes públicos contribuir a ella -esto incluye a todos los poderes del Estado, autonómicos y locales: por tanto, a los sistemas educativos, culturales y cívicos en general-. Además, la Ley impone esta obligación también a los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, es decir, operadores, productores, empresas e industria en general. De este modo, la competencia mediática de los ciudadanos deja de ser un asunto estrictamente privado (personal y familiar) para convertirse en materia esencial de la esfera pública.
Al mismo tiempo, se delega en la máxima autoridad de regulación audiovisual del país, el Consejo de Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la responsabilidad de velar por el promoción de la alfabetización mediática -lo cual significa que, en su vertiente de autoridad reguladora y supervisora el CEMA, no sólo deberá vigilar lo que hacen los poderes públicos y los prestadores de servicios audiovisuales en esta materia, sino que es el mismo Consejo el que tiene que velar por la promoción general de las competencias mediáticas de los ciudadanos.
Finalmente y para que existan procedimientos objetivos de valoración de la tarea realizada, se le atribuye al CEMA la nueva misión de elaborar un informe anual del progreso en materia de alfabetización mediática. Para ello, tiene que utilizar los indicadores propuestos por la Comisión Europea (que en la actualidad se encuentran en fase de perfeccionamiento y prueba).
En este nuevo marco, cabe esperar -si la ley se cumple- que habrá nuevos sistemas, métodos y recursos para desarrollar y promover la alfabetización mediática. Y esto tanto en los ámbitos en que intervengan los poderes públicos, como en los mismos medios audiovisuales.
UN LARGO CAMINO
Hasta llegar a este punto la sociedad europea, y la española en particular, han tenido que recorrer un largo trecho que ha durado décadas.
El requerimiento de educación en medios y de alfabetización mediática empezó a sentirse en los años 80, con la irrupción de los medios masivos y, específicamente la televisión, y sus consecuencias en la educación. Sin embargo, sólo algunos profesores y expertos -con mucho voluntarismo y, en general, sin apoyo público- iniciaron una labor pionera de desarrollo de la educación en medios que, pese a ser minoritaria, fue dejando sus frutos paulatinamente.
A finales de los 80, e inicios de los 90, con el Programa Prensa y Escuela del Ministerio de educación (Luis Miguel Martínez), con la puesta en marcha del programa de Televisión Educativa la Aventura del Saber (J. M. Pérez Tornero) -acuerdo entre MEC y RTVE- y con algunos programas pioneros de Tele Madrid (A. García Matilla), el reconocimiento de la necesidad de una implantación de la educación en medios y de la alfabetización mediática se fue imponiendo.
Hay que añadir aquí el trabajo realizado en algunas universidades: el Máster Internacional de Comunicación y Educación en la UAB -con más de 20 años de funcionamiento- algunos cursos de la UNED (Roberto Aparici); las asignaturas de Comunicación y educación en los planes de estudio de las Universidades Autónoma - Mar Fontcuberta y Pérez Tornero- de Barcelona, Sevilla y Pompeu Fabra; así como algunos estudios y esfuerzos realizados especialmente por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (con Victoria Camps al frente de las iniciativas -en colaboración con J. M. Pérez Tornero[1] y Joan Ferrés[2]), y el de Navarra (especialmente centrado en programación infantil) En el terreno de la investigación, hay que citar los estudios realizados por Pablo del Río y Amelia Valcárcel conocidos con el nombre de Proyecto Pigamalión, referidos a la población infantil, y los desarrollados en el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB. A considerar, también, como muy relevante también la tarea pionera del Instituto Oficial de Radio Televisión Española (Miguel Angel Ortiz) en este campo
En paralelo, la tarea conjunta de la asociación andaluza Comunicar y su revista del mismo nombre (Ignacio Aguaded, Amor Pérez Rodríguez y Enrique Salanova entre otros), de la madrileña AIRE y de la catalana Aula Media (J. Francesc Deó y R. Breu) -junto a la creciente sensibilización en torno a los contenidos infantiles (cf. la creación de la OCTA y el Observatorio Europea de Televisión Infantil -Valentín Gómez-) acabó llevando al terreno asociativo lo que fue, en primer lugar una demanda académica. A todo eso se añade la creación en el 2005 de la Asociación Internacional de educación en medios, Mentor (Samy Tye) de la que buena parte de sus actividades se han realizado en España.
Paralelamente, se recorre un camino internacional, largo y fructífero, que contribuye a potenciar la alfabetización mediática y a reforzar la que sería luego política oficial de la Comisión Europea -con evidentes influencias en nuestro país. El camino recorrido hasta alcanzar este hito es largo y se remonta a la labor pionera que desempeñó la UNESCO (Lluís Artigas i Vladimir Gay) entre 1982 y 2000 -con un punto clave en el Seminario de Sevilla sobre Educación Mediática del año 2000 ; tiene su tramo europeo final en la tarea llevada a cabo por la Comisión y el Parlamento entre 2006 y 2007 (Maruja Rodríguez, Matteo Zachetti y Aviva Silver, entre otros), que culmina, precisamente, con la promulgación de la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales.
El último tramo de la implantación legal de la alfabetización en medios en España transcurre al hilo de la discusión y redacción de los sucesivos proyectos de ley General del Audiovisual. En ella, -y como efecto indirecto de la III Conferencia EAVI Citizens' participation to public life through Media realizada en el Senado español en noviembre de 2009- el Gobierno y diversos grupos políticos se conciencia de la necesidad de dar rango legal a la obligación de promover la alfabetización mediática y en el última tramo de elaboración de la Ley se adoptan las enmiendas que así lo estipulan.
UNA NUEVA PERSPECTIVA
A partir de la Ley General del Audiovisual y tras la constitución del previsto Consejo estatal de Medios se abre un nuevo horizonte para la alfabetización mediática en España. Lo más característicos será, sin duda, que el esfuerzo por hacer progresar la competencia mediática y crítica de la ciudadanía tendrá que ser labor no sólo de los educadores y familias, sino también de los medios audiovisuales y del Consejo estatal. Se tendrán que aplicar nuevos recursos a este esfuerzo; se tendrá que evaluar sistemáticamente el progreso realizado; las asociaciones ciudadanas tendrán que encontrar respaldo público a sus iniciativas y todo ello dentro de un un nuevo marco y un nuevo contexto activamente por la Comisión Europea.
Es, sin duda, una oportunidad que necesitará imaginación e iniciativas para su total aprovechamiento.
Texto de José Manuel Pérez Tornero
Director del Gabinete de Comunicación y Educación