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Los incendios que la ONU busca apagar: Racismo, discriminación y discurso del odio
Un libreto que se repite una y otra vez: un acto de agresión policial en Estados Unidos contra un afroamericano que enardeció a todo un país y desencadenó múltiples protestas. Sucedió el 25 de mayo del 2020, cuando murió George Floyd; pero también pasó seis años antes, cuando el adolescente afroamericano Michael Brown murió en circunstancias similares; se repitió en el 2001 y otra vez en 1992; y así la lista continúa.
Curiosamente, Estados Unidos, junto a Reino Unido fueron los dos primeros países con más ataques racistas y xenófobos en el 2018, según el último reporte de crímenes del odio de OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).
Aunque los reportes oficiales consideramos por OSCE, muestran que las agresiones racistas se desarrollan más en algunos lugares que otros, lo cierto es que es un problema mundial que azota a todo el planeta en diversas medidas, con violencia racista o episodios de microracismo; y desde varios frentes, en el mundo físico y online.
En ese sentido, amerita una respuesta global y la acción de organismos mundiales que fomenten una acción más efectiva de parte de las respectivas naciones. Vale, entonces, conocer de qué forma están enfrentado entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para combatir este flagelo.
La ONU, fundada en 1945 para fomentar la paz y seguridad entre las naciones, por medio del compromiso de sus 193 Estados Miembros, ha abordado el tema del racismo como parte de sus acciones matrices de derechos humanos, asuntos humanitarios y desarrollo desde 1948 en adelante.
A raíz del devenir tecnológico, según este organismo, la violencia racista registró un crecimiento que representaba nuevos retos para la comunidad internacional; por lo que se requerían acciones más fuertes en este ámbito. Así, en el 2001, la ONU organizó la “Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” en Durban, Sudáfrica con la meta de coordinar un mecanismo de seguimiento de las políticas emprendidas por sus Estados miembros para erradicar todas las formas de racismo.
La ONU realizó en el 2011 la conmemoración de la primera década de esta iniciativa, manteniendo el mismo objetivo y alzando un mayor compromiso, de parte de los líderes mundiales de ese momento para prevenir el racismo y otras formas de discriminación, lo que se reflejó en el documento Declaración de Durban y Programa de Acción.
A partir de ese momento, se sentaron las bases de la declaratoria del “Decenio Internacional para los Afrodescendientes”, que inició en el 2015, enfocándose en la concreción de tres objetivos generales: promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades de los afrodescendientes acorde la Declaración Universal de Derechos Humanos; impulsar el conocimiento y el respeto de la diversidad cultural de este grupo y su contribución a la sociedad; y el trabajo sobre los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales a fin de incluir las políticas dictadas en sus programas precedentes, como la Declaración de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Se espera para el 2024, cuando acaba este período que la ONU evalúe los avances de los países en este ámbito, pero por ahora, el organismo ha adelantado algunos de los primeros resultados. Por ejemplo, los primeros países en implementar alguna medida legislativa para combatir cualquier tipo de discriminación racista o intolerante fueron: Bolivia, Chile, Ecuador, Grecia, Lituania, Serbia, Kazajstán, Uruguay, España, Argentina, Colombia, Irlanda, México y Sudáfrica, Inglaterra y Gales, Reino Unido y los Países Bajos.
A nivel de planes de acción u otras políticas encaminadas al mismo objetivo, la ONU registra a los países de Costa Rica, Honduras, Italia, México Perú, Serbia, Portugal; además de Argentina, Lituania, Uruguay, Kazajstán, Ecuador y Países Bajos que también trabajaron su marco legal.
Por su lado, otros países han desarrollado órganos de vigilancia y mecanismos de denuncia de actos racistas o discriminatorios: Australia (a través de la Comisión Australiana de Derechos Humanos), Sudáfrica, Estados Unidos de América, Bolivia, Grecia, Países Bajos, Lituania, Costa Rica, Portugal, Colombia y el Reino Unido. Esto, además de algunas acciones o campañas sobre este campo.
El negacionismo del Holocausto y la campaña para recordarlo
Además de este programa, paralelamente, la ONU ha implementado otros programas para combatir la discriminación, como el “Programa de divulgación del Holocausto de las Naciones Unidas”, a fin de luchar contra la corriente del negacionismo sobre este hecho histórico que ha empezado a circular desde hace algunos años.
A raíz de esto, el organismo mundial viene impulsando diversas actividades conmemorativas y de formación encaminadas a preservar en la memoria de los Estados Miembros la recordación del Holocausto con el objetivo de movilizar a la sociedad civil y prevenir futuros actos de genocidio.
Entre las principales destacan: la designación del 27 de enero (aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz) como “Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto” y la aprobación de la resolución 61/255, que condena toda negación de este evento y se invoca a todos los Estados Miembros a que rechacen cualquier acto de negación de este.
Una de las nuevas corrientes discriminatorias que no ha dejado de ser abordada por las Naciones Unidas es el discurso del odio. El denominado “incendio arrasador”, según palabras de Antonio Guterres, Secretario General del organismo, el que gracias al impacto de las nuevas tecnologías se ha esparcido a una velocidad inusitada y con un alcance nunca previsto.
El discurso del odio, la nueva brega
El racismo, la xenofobia y cualquier actitud intolerante, que se expresan en las redes sociales y se agravan con el poder de los algoritmos, está generando una ola discriminatoria orquestada por movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca. El análisis de la ONU reafirma que dichos grupos de poder emplean una retórica incendiaria enfocada en estigmatizar a las minorías o migrantes para capitalizar réditos políticos, ya sea en democracias liberales o sistemas autoritarios.
A fin de combatir este problema, en junio del 2019, el organismo lanzó la “Estrategia y el Plan de Acción contra el discurso del odio”, que parte de dos objetivos clave: 1) abordar las causas fundamentales de la incitación al odio, como la violencia, marginación, discriminación, pobreza, exclusión, desigualdad, falta de educación básica e instituciones estatales débiles; 2) la acción de las Naciones por medio de la convocatoria de individuos y grupos opuestos, el trabajo con plataformas de medios mainstream y redes sociales, la difusión y orientación comunicacional para combatir los movimientos y campañas de odio.
Al igual que en las demás acciones centradas en prevenir y luchar contra al racismo y la discriminación, emprendidos por la ONU, el plan de acción contra el discurso del odio se apoya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en este caso, para evitar conflictos con otra conquista del hombre: la Libertad de Expresión.
De igual forma, el papel de la educación es uno de los factores importantes considerados para este plan, junto a la supervisión y acompañamiento de parte del organismo a los Estados Miembros en la implementación del mismo.
Escrito por Alejandra Avendaño.